ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
En el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN se encuentra el patrimonio documental de los mexicanos, los cuales se pueden consultar.
Cuenta con una hemeroteca y una biblioteca.
Está formado por más de 55, 000 FUENTES DE CONSULTA, entre libros, documentos, enciclopedias, folletos y muchas más.
Historia del archivo:
El 27 de marzo de 1790, Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, envió al Ministerio de Gracia y Justicia de España el proyecto para crear el Archivo General de la Nueva España en aras de un "plan necesario y urgente" para reorganizar la Secretaría de Cámara del Virreinato como "el tallo de la dirección de todo lo que conduce el gobierno". El nuevo archivo reunió, además de los papeles de la antigua Secretaría de Cámara, los del resto de las dependencias, con el consecuente beneficio para la adecuada ordenación y cuidado de los documentos.
El proyecto, aprobado por las autoridades, consideró un lugar propio para el archivo: el Castillo de Chapultepec; el ingeniero Miguel Constanzó hizo los presupuestos y las reformas para habilitar el espacio, aunque este propósito nunca llegó a cumplirse. Las Ordenanzas para el Archivo General, derivadas de la Real Orden del 28 de abril de 1792, y redactadas por el propio Revillagigedo, disponían en 81 artículos la base para su funcionamiento. Su objetivo principal, además de alcanzar "las ventajas de un archivo general bien ordenado, asistido y manejado por personas inteligentes", era la "erección de este común depósito de reales cédulas, órdenes, providencias, ordenanzas, instrucciones, procesos, instrumentos públicos, cuentas, padrones, y demás papeles antiguos, que sepultados en diversas oficinas y cubiertos de polvo, ocultan bajo de sí, las noticias más preciosas e interesantes".
Pese a tan puntual planeación, las oficinas del gobierno siguieron guardando sus archivos, y únicamente el de la Secretaría del Virreinato se conservó en su palacio. Ello dio lugar a la pérdida de numerosa documentación, pues no existían normas jurídicas para el funcionamiento y uso de los acervos en los archivos de la administración. Luego de la Independencia, durante la Regencia y el Imperio en 1821, Ignacio María de Aguirre, quien había sido oficial de la Secretaría de Virreinato y Juan de Dios Uribe, archivista de la propia secretaría, fueron comisionados para repartir la documentación, alguna de la cual, rescatada de su uso como mortero para cañones en la guerra, se encontraba en el edificio de la Contaduría de Azogues. La repartición de los archivos se hizo tomando en cuenta los diferentes ramos que abarcaban y se mandó a los recién creados ministerios.
La Independencia trajo consigo un cambio radical en la estructura de la administración pública. Con el impulso a las nuevas instituciones nacionales desaparecieron oficinas del viejo régimen para dar lugar a los ministerios de Estado; muchos de los archivos novohispanos quedaron momentáneamente abandonados en ese tránsito hacia una organización distinta. El interés por recuperar la importancia del Archivo debe mucho a Lucas Alamán, quien además de su calidad de funcionario, se distinguía por su notable interés y conocimiento dedicado a la historia. La Junta Provincial Gubernativa de México lo nombró ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, puesto que ocupó por varios años y en diferentes ocasiones.
El 23 de agosto de 1823 se creó el Archivo General y Público de la Nación; esta designación estableció que los servicios de la institución no estaban destinados exclusivamente al uso del gobierno, sino para todos quienes estuvieran interesados en consultar su acervo. Aquellos archivos del virreinato que se habían depositado y encomendado a las nuevas secretarías de Estado y que no tuvieran relación con esos ministerios se reintegraron en el nuevo organismo, basado una vez más en el archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato y nutrido con los documentos de las recién creadas instituciones.
El Archivo General y Público de la Nación dependió de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores y tuvo sede en el local de la antigua Secretaría del Virreinato, lugar original donde se guardaba este archivo en la época novohispana. Quienes trabajaron entonces para el Archivo, arreglaban simultáneamente los reducidos locales de que disponía, construían los muebles para guardar los papeles, asistían a los ministerios, recogían los documentos de las oficinas extinguidas y daban servicio a las oficinas y al público particular.
José Fernando Ramírez contribuyó a la protección del Archivo durante la ocupación norteamericana de 1847, y confió a José María Andrade, conocido librero y editor que tenía su establecimiento en el Portal de los Agustinos, el cuidado de los más valiosos documentos. Posteriormente, una vez devueltos sanos y salvos, Ramírez ocupó en 1852 el cargo de ministro de Relaciones, desde el cual propuso y logró que el gobierno dictara disposiciones en beneficio de la institución y de sus empleados.
Pese a tan puntual planeación, las oficinas del gobierno siguieron guardando sus archivos, y únicamente el de la Secretaría del Virreinato se conservó en su palacio. Ello dio lugar a la pérdida de numerosa documentación, pues no existían normas jurídicas para el funcionamiento y uso de los acervos en los archivos de la administración. Luego de la Independencia, durante la Regencia y el Imperio en 1821, Ignacio María de Aguirre, quien había sido oficial de la Secretaría de Virreinato y Juan de Dios Uribe, archivista de la propia secretaría, fueron comisionados para repartir la documentación, alguna de la cual, rescatada de su uso como mortero para cañones en la guerra, se encontraba en el edificio de la Contaduría de Azogues. La repartición de los archivos se hizo tomando en cuenta los diferentes ramos que abarcaban y se mandó a los recién creados ministerios.
La Independencia trajo consigo un cambio radical en la estructura de la administración pública. Con el impulso a las nuevas instituciones nacionales desaparecieron oficinas del viejo régimen para dar lugar a los ministerios de Estado; muchos de los archivos novohispanos quedaron momentáneamente abandonados en ese tránsito hacia una organización distinta. El interés por recuperar la importancia del Archivo debe mucho a Lucas Alamán, quien además de su calidad de funcionario, se distinguía por su notable interés y conocimiento dedicado a la historia. La Junta Provincial Gubernativa de México lo nombró ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, puesto que ocupó por varios años y en diferentes ocasiones.
El 23 de agosto de 1823 se creó el Archivo General y Público de la Nación; esta designación estableció que los servicios de la institución no estaban destinados exclusivamente al uso del gobierno, sino para todos quienes estuvieran interesados en consultar su acervo. Aquellos archivos del virreinato que se habían depositado y encomendado a las nuevas secretarías de Estado y que no tuvieran relación con esos ministerios se reintegraron en el nuevo organismo, basado una vez más en el archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato y nutrido con los documentos de las recién creadas instituciones.
El Archivo General y Público de la Nación dependió de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores y tuvo sede en el local de la antigua Secretaría del Virreinato, lugar original donde se guardaba este archivo en la época novohispana. Quienes trabajaron entonces para el Archivo, arreglaban simultáneamente los reducidos locales de que disponía, construían los muebles para guardar los papeles, asistían a los ministerios, recogían los documentos de las oficinas extinguidas y daban servicio a las oficinas y al público particular.
José Fernando Ramírez contribuyó a la protección del Archivo durante la ocupación norteamericana de 1847, y confió a José María Andrade, conocido librero y editor que tenía su establecimiento en el Portal de los Agustinos, el cuidado de los más valiosos documentos. Posteriormente, una vez devueltos sanos y salvos, Ramírez ocupó en 1852 el cargo de ministro de Relaciones, desde el cual propuso y logró que el gobierno dictara disposiciones en beneficio de la institución y de sus empleados.
Descripción del edificio:
El Palacio de Lecumberri, inaugurado el 29 de septiembre de 1900, fue edificado por el arquitecto Antonio Torres Torija y los ingenieros Antonio M. Anza y Miguel Quintana, con base en el proyecto del arquitecto Lorenzo de la Hidalga y su propuesta teórica "Paralelo de las Penitenciarias", en la que el autor hace un estudio comparativo entre los diferentes tipos de panópticos, retomando la idea original del filósofo inglés Jeremías Bentham. Durante sus primeros setenta y cinco años de vida, Lecumberri fungió como la Penitenciaría del Distrito Federal conocida como el Palacio Negro, convirtiéndose, por decreto presidencial del 26 de mayo de 1977, en la sede del Archivo General de la Nación. Las labores básicas de remodelación duraron cinco años y estuvieron a cargo del arquitecto Jorge L. Medellín.
FORMAS DE CONSULTA:
Consulta digital: 31 grupos documentales, son 146 grupos documentales
El sistema SIRANDA, que permite buscar las referencias de las obras del acervo bibliográfico por autor, título o materia
Búsqueda de documentos
Búsqueda de fotografías
Búsqueda de libros:
Está integrado por 740 secciones, fondos, series, los más antiguos desde el siglo XVI hasta los años noventa.
GRUPOS DOCUMENTALES:
* Administración pública: 1821-1910
* Administración pública: 1910-1988
* Archivos de particulares
* Colecciones y documentos
*Ilustraciones y cartografía;
* Archivos y documentos audiovisuales;
*Microfilmes
